Adolescentes marroquíes solos en España. Un reto de la Educación Social.

Hoy me gustaría hablaros de los menores no acompañados marroquíes. Y es que el prototipo de MENA (menor extranjero no acompañado) en España es un varón marroquí de unos 16 años. 

La mayoría de los 24 menores alojados en el centro de acogida en el que trabajo lo son, les siguen los argelinos y los subsaharianos. También tenemos dos indios.

Haciendo muy mal y a riesgo de etiquetarlos, os diré que los subsaharianos normalmente son los más colaboradores, los argelinos distantes y orgullosos (hasta que te los ganas), y los menores marroquíes suelen ser los más desafiantes y los que peor llevan eso de asumir normas. Los más rebeldes.

Por eso me gustan. Son como yo.

Desde que el gobierno español se ofreció a acoger el barco Aquarius se ha visibilizado la situación de estos jóvenes. La mayoría de las veces no de forma positiva, por desgracia, sino fomentando el miedo y la xenofobia.

Que se lo digan a menores y educadores de Cal Ganxo.

El debate social en nuestro país alberga dos posturas enfrentadas: por un lado estamos los que, como yo, entendemos que la libre circulación de personas, en pos de la mejora de sus condiciones de vida, sea por la razón que sea, es un derecho humano fundamental. Por otro, están los que, (“yo no soy racista peeroooo…”) prefieren preocuparse y ocuparse “primero por los de aquí”, y entienden que la mejora de esas condiciones de vida es a su costa.

Los MENA dejan sus países de origen por varios motivos: huyen de guerras y conflictos armados (p. ej.: sirios), de abusos, violencia o extrema pobreza (p. ej.: subsaharianos).

Los menores marroquíes buscan una mejora general de sus condiciones de vida (educativas y laborales) y quieren ayudar a las familias que dejan atrás. Asumen el papel de proveedores.

También quieren formar parte del famoso Estado de Bienestar europeo. Ese que pueden ver y casi tocar a través de las vallas fronterizas.

Llegan en pateras, escondidos bajo los ejes de grandes camiones e incluso en motos acuáticas. Dependiendo del dinero con el que las familias cuentan para pagar a las mafias, así será el riesgo que sus hijos asuman: pueden morir ahogados o atropellados. (Las chicas marroquíes utilizan otras vías, redes familiares o de trata, por lo que resultan invisibles a las estadísticas, manteniéndose en una situación mucho más vulnerable y de irregularidad administrativa).

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Los más pobres tratan de entrar por la frontera sur española: Ceuta y Melilla. No lo hacen saltando la valla. Esperan su oportunidad para colarse en un ferry o para cruzar el puesto fronterizo a la carrera y perderse entre la gente.

Una vez en España, si no son “detectados” (detenidos), pueden personarse de motu propio ante las autoridades para ser declarados en desamparo y quedar así bajo la tutela de la administración correspondiente. Hasta su mayoría de edad (18 años en España), tienen garantizados unos derechos mínimos por ser menores de edad según la normativa internacionalmente acordada.

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Aunque algunos prefieren no hacerlo: bien porque su objetivo es llegar a otros países, bien porque lo que quieren es trabajar sin importarles tener regularizada su situación administrativa, o simplemente porque no quieren estar bajo control y perder su autonomía. Estos chicos acaban viviendo en la calle: expuestos a violencia, abusos sexuales, mafias, y a drogas baratas como el disolvente.

El itinerario que sigue el menor es el siguiente: detección por las fuerzas de seguridad y comunicación a la administración, preasignación de plaza en un centro, y, si surgen dudas sobre su edad y estatus de menor, traslado a un centro sanitario para realizar una prueba oseométrica (en desuso en otros países europeos, que tiene un gran margen de error y que atiende solo a factores físicos).

El centro de acogida al que se les destine será su casa. Se cuidará de ellos. De su salud física y psicológica, se les alimentará y vestirá. Tendrán una paga semanal y podrán entrar y salir solos según unos horarios, como haría cualquier otro adolescente.

Se promoverá y procurará su educación y formación académica y prelaboral. Se les enseñará el idioma, las costumbres: la cultura de su país de acogida. Se trabajará su capacidad de autonomía, la higiene y el aseo personal, las tareas domésticas…

El objetivo es lograr su integración educativa, social y laboral.

Las y los educadores sociales somos una suerte de madres y padres, pero a marchas forzadas.

Por eso tenemos que tener presente que somos su referente. De disciplina y responsabilidad: establecemos normas, horarios… les explicamos lo que está bien y lo que no.

Pero, además de poner límites, no podemos obviar que también debemos cubrir sus necesidades afectivas y emocionales y ofrecer cariño, confianza y consuelo.

La dificultad de todo esto, para mí, radica en no caer en la sobreprotección.

Porque han de tener los pies en el suelo. Que no olviden a qué han venido. Que tienen poco, muy poco tiempo. Que no olviden que están solos.

¿Pueden olvidarlo? Me pregunto.

No lo tengo claro.

Hay que tratarlos como a adultos en un contexto que les considera niños.

¿Y que se comporten como niños-adultos?

Es un equilibrio muy difícil.

Como educadorxs, como educadorxs SOCIALES, somos nosotros los que no podemos olvidar que son adolescentes, que están lejos de todo lo que para ellos tiene algún sentido y les aporta seguridad.

Las conductas disruptivas o simplemente difíciles, con las que a diario nos enfrentamos, deberíamos entenderlas como algo normal. Se inscriben dentro del proceso de duelo migratorio por el que pasan y el trauma del exilio: son comportamientos derivados del choque de lo que ellos son, de su bagaje emocional y cultural, y su aterrizaje en una sociedad muy distinta a la suya.

Son producto del miedo.

El hecho de ser adolescentes, aparte de todos los cambios físicos, cognitivos y emocionales, también les supone otra contradicción: En España, esta etapa del desarrollo significa que han de estudiar y divertirse y, si acaso, estrenarse en el mundo laboral.

Sin embargo, en Marruecos no existe esta fase: se pasa de la niñez a la edad adulta, y se espera de ellos que ayuden al sostén económico de sus familias. Es un deshonor no lograr este objetivo. Al llegar aquí se les “protege”, pero para ellos es como si de repente volvieran a ser niños.

Desde el recurso residencial en el que se encuentran, también se tratará de “arreglarles los papeles”: el permiso de residencia y una autorización administrativa para trabajar. Una vez que los tengan, (si es que llegan, eso va lento) podrán buscar empleo. ¿Qué tipo de empleo? Alguno que no necesite una alta cualificación. Muchos de ellos carecen de estudios o incluso son analfabetos, sin contar el problema del idioma.

A veces no pueden trabajar porque, al ser menores, la propia ley les limita en exceso: si se consigue una exceptuación laboral para que puedan hacerlo solo será en un sector, por ejemplo hostelería, y con restricciones horarias.

Como si no fuera ya difícil encontrar trabajo en España.

El reto una vez cumplidos los 18 años y estén fuera del centro de acogida el mismo día de su cumpleaños (existen pisos tutelados de emancipación para los mayores de edad pero muy pocas plazas) será renovar el permiso de residencia y obtener el de trabajo. Para ello han de conseguir un contrato.

Un contrato DE UN AÑO de duración. Y a jornada completa.

JA.

Si no pueden demostrar ingresos estables, el permiso no les será renovado. En este último caso, lo que ocurre es que tendremos jóvenes indocumentados en la calle sin posibilidad de trabajar ni de acceso a ayudas sociales.

Si cuentan con algún tipo de apoyo, quizás puedan buscarse la vida sin saltarse la ley. Pero lo harán si es necesario, asumiendo las consecuencias penales que acarrean.

A esto hay que sumarle los prejuicios con los que conviven estos menores, como el de que los “menores de centro” son delincuentes potenciales. En el momento en que el menor sale del centro de acogida a “la vida real” y se encuentra solo, sin recursos, sin documentación, sin posibilidades y con este estigma a sus espaldas, la profecía está destinada a cumplirse.

No me cansaré de repetir que la falta de espacios, recursos y profesionales para una adecuada transición a la vida adulta, pone en peligro, por no decir que se carga, todo el proceso previo de intervención realizado en los centros de acogida para lograr su integración social.

Y es que la legislación parece más interesada en desintegrar que en integrar: en España y en el resto de Europa, pesa más la condición de inmigrante que la de menor.

Los Estados tienen dos opciones: que estos jóvenes acaben en la calle o que se integren. La segunda opción significa que trabajen, coticen y paguen impuestos. A largo plazo devolverán mucho más de lo que se ha invertido en ellos.

En España no debería haber dudas. Somos un país envejecido con serias dificultades para pagar las pensiones de las próximas generaciones y con un problema de despoblación rural  que empieza a ser alarmante.

Por la parte que me toca, reflexionando sobre mi propia práctica profesional, estoy convencida de que podemos y tenemos que mejorar.

Los y las educadores/as sociales que trabajamos con estos menores necesitamos más formación específica. Hay que prestar más atención individualizada y adquirir un conocimiento más amplio de su contexto familiar, sociocultural y económico.

Debemos respetar la “mochila emocional” de cada menor, aunque a priori la desconozcamos. Hay que contar con ellos en todo este proceso de integración, evitando la aculturación: bajemos del pedestal, ellos no llegan de vacío y nosotros no lo sabemos todo.

Necesitamos más herramientas educativas y técnicas para terminar de establecer un equilibrio razonable entre el modelo conductista (castigo-refuerzo), propio de los recursos de atención residencial, y un modelo cognitivo-conductual que tenga en cuenta pensamientos, sentimientos y estados de ánimo.

Tenemos que ser más creativos, más empáticos y más pacientes. Vaciemos nuestras cabezas de estereotipos y prejuicios. Si no lo hacemos nosotros ¿qué esperamos del resto de la sociedad?

Nos vendría muy bien aprender su idioma, origen de muchos malentendidos que terminan en conflicto.

Necesitamos más tiempo, más recursos, más y mejores profesionales.

A pesar de todo, creo que hacemos una buena labor. Compleja, dura a veces. Es de esas de “tres pasos adelante y dos atrás”. Pero también gratificante en ocasiones.

Solo me queda añadir que hoy día, mientras presenciamos como las políticas migratorias europeas priorizan la “seguridad” y contención de la inmigración “ilegal”, siguiendo la senda de Estados Unidos; los Derechos Humanos y los que corresponden al interés superior del menor, por desgracia, no se están aplicando.

Participa, educa.

Cambiemos el mundo.

Bibliografía:
CHICOS MARROQUÍES BUSCANDO SU FUTURO:LA EXPERIENCIA DE MIGRAR, ENTRE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y LAS VIOLENCIAS COTIDIANAS

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